CARACAS (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó el jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro luego de un peritaje formal a los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio y sostuvo que las acta de votación difundidas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González, son falsas.
La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.
“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación, indicó Rodríguez al leer la sentencia.
La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo.
La sentencia “concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral” y “convalida esta sala los resultados “, insistió Rodríguez.
Horas después, en un acto de gobierno televisado, Maduro se mostró complacido por la sentencia, destacando que “cuando hay conflicto, cuando hay un asunto electoral… hay una sola instancia para resolverlo y esa instancia en el Tribunal Supremo de Justicia”
“Luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como poder judicial de la nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente; y nosotros decimos en las calles de La Guaira y de Venezuela: santa palabra, hágase la paz, respeto absoluto a los poderes públicos”, aseveró.
El gobernante dijo concordar con los miembros del poder legislativo, de abrumadora oficialista, de prohibir la participación en procesos electorales de aquellos que desconozcan a la autoridad del Tribunal Supremo, entre otros poderes públicos.
“Estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido de la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la constitución. Todo aquel que participe debe ser leal a los procesos”, añadió Maduro.
En un post en X, antes Twitter, la líder opositora María Corina Machado dijo que Maduro y sus aliados “pretenden desconocer la soberanía popular y la verdad, pero no podrán”.
“La burda maniobra en el TSJ, entregado al régimen, pretende eximir al CNE de su obligación constitucional. Pero ya es demasiado tarde. Todo el mundo sabe cuál es la verdad”, acotó la líder opositora, resaltando que todavía “no presentaron ni una sola acta, ni un solo número de una sola mesa”.
En el mismo mensaje, Machado también agradeció el respaldo del mandatario chileno Gabriel Boric. “Haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Contamos con ustedes (la comunidad internacional)”, agregó.
Previamente en su cuenta en la red social X, Boric manifestó que “hoy el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.
El mandatario, de tendencia izquierdista, agregó que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo sólo comparable con el de Siria producto de una guerra”.
En sintonía con Machado, el exdiplomático González afirmó que “intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad, ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran”.
“Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir camino a la paz, solo agudizara la crisis”, aseveró González en un vídeo difundido en redes sociales.
“El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro”, insistió.
González pidió a los magistrados que no se escondan detrás del tribunal y añadió que todavía pueden dar “paso a una auditoria internacional, imparcial, independiente y confiable. Por más vericuetos (atajos) que busquen la verdad se impondrá”.
La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la magistrada señaló que “se evidenció un ataque cibernético”.
Rodríguez previamente afirmó que la sentencia que se emitiese tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”.
Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.
La llamada Plataforma Unitaria —que representa a los principales partidos opositores— ha dado a conocer las actas que, aseguran, muestran que su abanderado Edmundo González obtuvo significativamente más votos que el gobernante.
Varios líderes de la región, incluidos aliados de Maduro como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, han instado a que se publique el detalle de los resultados electorales como una de las posibles vías para ayudar a solucionar la crisis postelectoral en la nación sudamericana.
Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González recibió 5,3 millones. Mientras que la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González salió victorioso.
El Tribunal anunció que remitirá de manera urgente a la Fiscalía General una copia de la sentencia con el fin que se incorpore a la investigación penal que adelanta para “determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población”. Rodríguez señaló que la acción penal es “en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados” en un sitio web difundido por la oposición, en el que dieron a conocer las actas electorales que mostraban a González como ganador.
Rodríguez señaló, sin dar detalles, que González fue el único de los 10 candidatos presidenciales que no atendió la citación del Tribunal, desacatando” el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en la ley”.
Los partidos que postularon a González y que atendieron la citación del tribunal han exigido la publicación completa de los resultados oficiales, mientras el candidato opositor independiente Enrique Márquez introdujo el martes ante el máximo tribunal una recusación contra la magistrada Rodríguez para que sea apartada del proceso. La solicitud “se basa principalmente —aunque no solamente— en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el (oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV y con el presidente Nicolás Maduro”, indicó Márquez a la prensa.
Rodríguez, como candidata del PSUV, fue electa concejal de Caracas en diciembre de 2018, En 2021, la ahora magistrada asumió la presidencia del Concejo Municipal de Caracas y, en agosto de ese año, fue nombrada alcaldesa encargada luego de la renuncia de la también oficialista Erika Farías.
En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, la nombró magistrada de la Sala Electoral y a comienzos de año asumió la presidencia del tribunal, donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.
La oposición también ha expresado su desacuerdo en que el tribunal asuma una potestad exclusiva del CNE.
“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, dijo González en las redes sociales.
La constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral.
José Simón Calzadilla, dirigente del partido Movimiento por Venezuela, uno de los que respaldaron a González, catalogó de “irregular” el proceso de auditoría del tribunal, donde no se les permitió participar como testigos ni tuvieron acceso al expediente. La sentencia era “absolutamente previsible”, acotó.
“Imagínense el estado de indefensión en que estamos, donde a los partidos no le dieron acceso al expediente donde se dirimió semejante juicio” al tiempo que a los partidos políticos y los candidatos “no se le permitió estar presentes cuando se abrieron las cajas donde están resguardados los instrumentos electorales. Ese es un hecho extremadamente grave”, añadió Calzadilla.
González y Machado —quien se convirtió en la principal promotora de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde hace más de tres semanas, particularmente después que la Fiscalía General, bajo control del oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro.
Mientras González no ha sido visto en público desde entonces, Machado ha participado en un par de manifestaciones en Caracas para exigir respeto a los resultados electorales.
Maduro y otras autoridades del gobierno han exigido públicamente que se aplique la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas que se registraron en Caracas y otras ciudades del interior luego de que el CNE proclamó la reelección de Maduro para un tercer periodo de seis años.
