Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022.- La inundación en el municipio de Tula, Hidalgo, en septiembre del año pasado, dejó como consecuencia la muerte de 14 personas, así como la pérdida total o parcial del patrimonio de cientos de personas. Más allá de “lluvias atípicas”, que fue la versión oficial de las autoridades, investigaciones periodísticas han demostrado que hubo inconsistencias, malos manejos, o simplemente, incapacidad para operar los protocolos y manejar un desfogue ordenado de las presas, las cuales se encontraban al máximo de sus capacidades.
A un año de estos lamentables hechos no hay responsables, no hay reparación del daño, ni mucho menos garantías de no repetición. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública dieron por concluidas sus “investigaciones” por posibles hechos de negligencia o corrupción. Lo que prevalece es la impunidad, el ocultamiento de información y la opacidad por parte de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Comisión de Aguas del Estado de México, así como los gobiernos de Hidalgo y del municipio de Tula. Mientras tanto, las víctimas solo han recibido dádivas que no ayudan a recuperar lo más básico de sus bienes perdidos.
Causa en Común hace un llamado a que las autoridades asuman su responsabilidad de proteger y garantizar la seguridad de los habitantes de Tula, a eliminar el pacto de impunidad y hacer pública la información que ayude a saber qué sucedió y deslindar responsabilidades; y lo más importante, evitar que las familias de dicho municipio vuelvan a perder un ser querido, o todas sus propiedades, por un silencio cómplice que se rehúsa a esclarecer la verdad.
