Diputados del PRI emplazaron al Gobierno federal a construir un plan de emergencia, que minimice los daños y estragos de la sequía que afecta al 87 por ciento del país y golpea al campo mexicano que padece la falta de lluvias desde el 2020.
Los legisladores Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y Enrique Ochoa Reza, presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo, que solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entreguen al Poder Legislativo un plan estratégico para combatir los daños de la peor sequía en los últimos 30 años en el país.
Explicaron que el agostamiento es el peor desastre natural, por eso la premura de prepararnos con políticas públicas para atender lo inevitable, un problema que anticipa la escasez de agua para beber y cultivar, una menor producción agrícola y ganadera, deforestación, generación de incendios, entre otras consecuencias.
Pidieron no ignorar los reportes publicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que advierten que el 87 por ciento del territorio mexicano sufre sequía en diferentes intensidades, mientras las presas se encuentran a niveles excepcionalmente bajos.
Conagua incluso reconoció que el almacenamiento de las presas más importantes del país se encuentran en los peores niveles de precipitación desde 1941 y puede convertirse en un problema grave si no desarrollan medidas de prevención y mitigación, como el ahorro del líquido y la inversión para un mejor uso del agua.
El Monitor de Sequía en México indica que las regiones más afectadas por la falta de agua son el noroeste y norte del país, así como Guanajuato, Michoacán, Guerrero y la costa norte de Oaxaca.
Las y los diputados del PRI reiteraron que la situación actual del país es grave; por lo que hacen un llamado mediante la vía parlamentaria para que las autoridades pongan manos a la obra y ejecuten políticas públicas que permitan amortiguar y aminorar los impactos negativos que esta calamidad natural conlleva.
Asimismo, que el Gobierno federal rinda cuentas de su gestión como responsable y vigilante del Programa Nacional Hídrico y las políticas y lineamientos para la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y los recursos y bienes hídricos de la nación.
