PANAMÁ (AP) — Un lunes de junio, en una acomodada zona de la capital panameña, algunos vecinos notaron un movimiento inusual: automóviles entraban y salían del estacionamiento de un edificio donde un apartamento había sido renovado apenas unos días antes.
En esa unidad del edificio Coco del Mar Suites alguien estaba llevando a cabo una vacunación clandestina contra el coronavirus con presuntas dosis de Pfizer-BioNTech, a pesar de que en el país centroamericano las inoculaciones son gratis y se aplican según la edad y grupo de riesgo.
Los investigadores pronto lo vincularon con otra vacunación clandestina detectada una semana antes en el piso 43 de un rascacielos en el rico vecindario costero de Punta Pacífica.
Las autoridades han confirmado que sólo 32 personas se inocularon, pero los hechos han causado enfado entre los panameños, incluidos los enfermos crónicos, que esperan las vacunas mientras la nación de 4,2 millones de habitantes vive un repunte de contagios.
“Aquí son gente de dinero y algún contacto tendrían con alguien para vacunarse”, dijo a The Associated Press Jacinto Ortega, un panameño de algo más de 40 años al llegar a Punta Pacífica a entregar víveres a unos residentes.
La primera jornada de vacunación clandestina tuvo lugar el 1 de junio en el domicilio de una mujer identificada como Celine Gazal de Esses. Quince personas fueron supuestamente inoculadas, incluidos familiares de Gazal y algunos empleados, según la investigación supervisada por el fiscal general Javier Caraballo.
Denisse Vega, propietaria en Coco del Mar Suites, se enteró y se puso en contacto con Gazal para averiguar cómo comunicarse con las personas que ofrecían vacunas.
El 7 de junio Vega miraba desde las ventanas del tercer piso a quienes llegaban a su apartamento para vacunarse. De acuerdo con el diario La Prensa, que destapó la vacunación en Coco del Mar Suites, algunos llegaron en autos de lujo y otros lo hicieron en sedanes comunes. Diecisiete personas recibieron la vacuna ese día incluidos, según los investigadores, algunos empleados de dos laboratorios farmacéuticos donde Vega trabajaba como gerente.
Ambos lugares fueron allanados pero ni Gazal ni Vega han sido arrestadas ni acusadas de ningún delito.
Hasta ahora el Ministerio Público solamente ha detenido a una persona, identificada como Matías Pérez Escudero, un conductor de una funeraria de 40 años a quien se le imputan los cargos de estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión de médico por considerar que fue uno de los que gestionó y aplicó las presuntas vacunas en Coco del Mar Suites y Punta Pacífica.
Pérez Escudero no ha formulado declaraciones públicas y no está claro si cuenta con un abogado. El fiscal dijo que buscan a un posible cómplice.
Caraballo indicó que Vega también entregó 12 tarjetas a los vacunados y otras dos se decomisaron en un allanamiento realizado en el domicilio de Gazal. Aseguró que, de acuerdo con información de la directora Nacional del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud, las tarjetas no son las que entrega el ministerio a los vacunados contra el virus y los números de los lotes no tienen relación con los embarques de Pfizer-BioNTech recibidos en Panamá.
Aún se desconoce si las vacunas eran en realidad de Pfizer-BioNTech y de dónde salieron los presuntos inoculantes.
Los investigadores pidieron a las 32 personas vacunadas que se sometan a pruebas de laboratorio para determinar si recibieron el fármaco, pero no se ha informado cuándo se divulgarán los resultados.
Ezra Ángel, abogado de Gazal, dijo a AP que los que estaban en la casa de su cliente fueron víctimas de “una estafa de un sujeto aislado” y creen que les inyectaron una solución salina porque en las pruebas que se hicieron en clínicas privadas no se les detectaron anticuerpos.
Por su parte el abogado de Vega, Abilio Batista, señaló en declaraciones a los medios que “todo está siendo debidamente aclarado. En su momento tendrán toda la información”. Vega fue separada de los laboratorios donde trabajaba.
Las autoridades no han identificado públicamente a los que recibieron las inyecciones. Un abogado de un grupo de ellos, Alfredo Vallarino, dijo a la prensa que concurrieron tras recibir un mensaje de WhatsApp donde les pedían que se presentaran en grupos de 12 y pagaran 200 dólares para ser vacunados.
“Quiero hablarle al país alto y claro”, dijo el presidente Laurentino Cortizo. “No hay margen para jugar con la vida y la salud de las personas. Las vacunas en Panamá bajo la administración de Nito (Laurentino) Cortizo no se pagan, nadie tiene que pagar un centavo por las vacunas que se ponen en este país, nadie, que eso quede muy claro”.
En su informe a la nación ofrecido en la fecha, ante la Asamblea Nacional a dos años de iniciar su administración, Cortizo reiteró que su gobierno no va a “tolerar ningún acto de corrupción” y se refirió directamente al escándalo de la vacunación ilegal. Por el caso “presentamos oportunamente las denuncias pertinentes”, dijo el gobernante.
Sin embargo, el caso ha sacudido al sector de la salud.
Para el reconocido investigador e infectólogo panameño Xavier Sáenz-Llorens, “la credibilidad está en la cuerda floja. Ya son múltiples anomalías mientras gente de riesgo, aún en lista de espera, sigue desprotegida y vulnerable a hospitalizarse o fallecer”.
“Es una gran irresponsabilidad de las personas que promovieron esa situación porque realmente eso atenta contra la salud pública de todos los panameños”, señaló a AP Faustina Díaz Quirós, presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas y de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
“El juega vivo, ‘yo tengo plata y yo puedo hacer lo que yo quiero’ eso no es correcto, es condenable y definitivamente debe haber un castigo”, agregó.
Hasta la última semana de junio Panamá aplicó algo más de 1,4 millones de dosis pero sólo el equivalente al 17% de la población a inmunizar ha recibido el esquema completo. Más del 80% de las vacunas son de Pfizer-BioNTech y el resto de AstraZeneca. Panamá supera los 403.000 contagios y las 6.500 muertes por el virus.
Otros países de América Latina se han visto afectados por escándalos relacionados con las vacunas contra el COVID-19.
En Argentina, el ministro de Salud y principal encargado de la lucha contra el coronavirus renunció en febrero después de que un conocido periodista admitió que le habían aplicado una vacuna contra el coronavirus de forma preferencial. Luego se supo que legisladores, alcaldes y otras personas cercanas al poder se adelantaron a los grupos prioritarios, como el personal de salud y los adultos mayores.
Y en Perú, el presidente anunció ese mismo mes que casi 500 funcionarios, incluidos exministros, aprovecharon sus cargos para recibir en secreto las primeras inyecciones de una vacuna china que el gobierno había comprado para los trabajadores de la salud.
El escándalo de la vacunación clandestina en Panamá es un reflejo de la desigualdad, que se evidencia en el contraste entre los relucientes rascacielos de lujo y los barrios miserables que los rodean.
Eva Pérez, propietaria de un club de nutrición que estuvo en coma antes de la pandemia tras sufrir una pulmonía, dijo que ansiaba colocarse rápido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Pero no le quedó otra que recibir la de AstraZeneca el 21 de junio luego de que el gobierno aprobó ese inoculante para mujeres mayores de 30 años.
“Hay personas privilegiadas”, señaló Pérez, de 40 años, en referencia a los vacunados en secreto con presuntas dosis de Pfizer. “Siempre el ‘juega vivo’. Así es Panamá”.
