• Se trata de una medida excesiva y autoritaria que violenta derechos esenciales de la población estipulados en artículo 16 Constitucional, con el argumento de hacer un monitoreo con fines sanitarios
• El monitoreo se puede realizar a través de las más de 60 mil cámaras de videovigilancia del C5 o por medio de las corporaciones policiales desplazadas
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, manifestó su rechazo al uso de tecnología celular para monitorear la ubicación de la población con el pretexto de evaluar la propagación del Coronavirus (Covid-19) que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues representa una violación flagrante al derecho a la privacidad de las personas.
“Se trata de una medida excesiva y autoritaria que se está aplicando sin el consentimiento de la ciudadanía, la cual registra la ubicación y movimientos de manera individual y/o colectiva por lo que tener acceso -sin restricciones- a esta información vulnera la seguridad de todos los habitantes de la ciudad”, señaló.
En ese sentido los dirigentes perredistas, Brenda Villena Guillén, Nora Arias Contreras y Carlos Estrada Meráz demandaron que el gobierno de la Ciudad de a conocer de manera pública y transparente que tipo de datos se está registrando a través de esta herramienta tecnológica y con qué objetivos, de lo contrario simplemente parece que se trata de un mecanismo para espiar a la población.
Las autoridades tienen la responsabilidad de explicar qué tipo de mediciones están haciendo, que información se está analizando de manera específica, así como las garantías para que esta investigación no sea mal utilizada y en contra de la integridad de la ciudadanía, dijeron.
“Lo que sabemos sobre la utilización de antenas que nos monitorean realmente es muy poco y con base en la información que el gobierno nos ha dado aparentemente no hay motivo para preocuparse, ni representa algún riesgo, pero es posible que, con el acceso a los números celulares, la autoridad tenga acceso a la identidad de las personas, ubicación y movimientos, violentando así el derecho a la privacidad y a su seguridad”.
Los integrantes de la dirigencia perredista afirmaron que con este tipo de decisiones el gobierno de Claudia Sheinbaum violenta el Artículo 16 Constitucional y muestra una vez más su lado autoritario, pues debieron preguntar a la población si estaba de acuerdo que un ente externo pueda acceder y conocer su ubicación en tiempo real.
De igual manera dijeron que si el gobierno de la Ciudad requería realizar un monitoreo del movimiento de la población, por qué no se realiza a través de la tecnología de las 67 mil cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones de la CDMX (C5), o por medio de las corporaciones de seguridad desplazadas por toda la ciudad.
“Otra alternativa era obtener la información sobre la movilidad de la población a través del patrullaje de Secretaría de Seguridad o utilizar las cámaras del C5, de nada ha servido toda la infraestructura tecnológica con la que cuenta la ciudad, para qué entonces se hizo una inversión este año más de 410 millones de pesos en la instalación de cámaras”, cuestionaron.
