El 17 de mayo de 2019, entre 9 personas golpean y privan de su libertad a Jorge, un joven de 25 años que vive con discapacidad psicosocial y que desde ese momento comenzó su transitar por el sistema de justicia mexicano, en un proceso lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
La detención extrajudicial afuera de su oficina está documentada en video por las cámaras de seguridad, cuya autenticidad fue dictaminada, y contradice la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se negó a aceptarlo como prueba, alegando que ya había pasado el momento de control de la detención. Jorge Alberto fue privado de la libertad a las 11:32 de la mañana, pero la orden de aprehensión fue emitida hasta las 17:20 horas.
Desde el momento de la detención, en los traslados y en su periodo de privación de libertad, también ha sido víctima de tortura para autoinculparse. La tortura a la que fue sometido por las autoridades y la falta de consideración a su discapacidad generaron una situación psicoemocional crítica.
Para que Jorge Alberto tenga derecho al debido proceso en igualdad de condiciones, la defensa solicitó a la autoridad el reconocimiento de la discapacidad psicosocial con la que vive, buscando que pueda tener los ajustes de procedimiento a los que tiene derecho de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
En conferencia de prensa en línea, que tuvo lugar hoy, a partir de las 16:00 horas, Ricardo Pérez, integrante del equipo jurídico de defensa, puntualizó que Jorge Alberto está privado de libertad en la prisión de Barrientos [Tlalnepantla, Estado de México] y resumió las irregularidades procesales, como la de que no hay delito en flagrancia ni orden de aprehensión, no le dieron a conocer sus derechos ni el motivo del arresto, y violaron su presunción de inocencia.
También mencionó que Jorge Alberto ha enfrentado obstáculos para una defensa adecuada, por lo que se han promovido juicios de amparo para que la autoridad reconozca su discapacidad y le garantice el derecho a los ajustes necesarios para su acceso a la justicia.
Por su parte, Víctor Lizama Sierra, facilitador de justicia del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, AC, recalcó que es necesario el reconocimiento de la discapacidad con enfoque de derechos humanos y que México ha firmado y ratificado la Convención mencionada, la cual está a la par de la Constitución y en su Artículo 13 consagra el derecho de acceso a la justicia.
En el caso de la discapacidad psicosocial como la que vive Jorge Alberto, insistió, deben hacer ajustes en el entorno, la comunicación y los protocolos, mismos que la autoridad no ha garantizado durante el proceso. Esto sucede en México cuando personas con discapacidad psicosocial se enfrentan al sistema de justicia.
Lo que vive ahora Jorge Alberto, concluyó Lizama Sierra, lo vivió antes, por ejemplo, Arturo Medina Vela, joven con discapacidad que atravesó el sistema de justicia penal con violaciones a sus derechos humanos, siendo su caso el primero por el que se pronunció sobre México el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, recomendando al Estado garantizar los derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema de justicia, recomendación que no se ha cumplido.
Por último, Marco Lara Klahr, de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC, explicó que este caso tiene todos los peores componentes de un Tribunal Mediático, lo que amerita una reflexión entre medios y periodistas sobre la exposición mediática de personas y el escarnio público al que son sometidas en las narrativas periodísticas, y lanzó esta pregunta: ¿Las y los periodistas somos corresponsables de que Jorge Alberto esté privado de libertad? Tomando en cuenta que no basta decir que solo transmitimos la información, sino que a esta información se le da un enfoque determinado “por nuestros propios prejuicios y la precariedad de conocimientos jurídicos como periodistas”.
Si revisamos la manera en la que Jorge Alberto ha sido tratado, advirtió, vemos una preocupante ausencia de empatía, tratan de eliminarlo moralmente, que es algo que se da en la exposición mediática. Y en el mismo tono Lara Klahr hizo un llamado a profesionalizar el periodismo de seguridad y justicia.
El experto en periodismo y justicia penal también señaló que el trato mediático del sistema de justicia penal hacia Jorge es alevoso, inaceptable y denigrante para su dignidad, ya que el sistema se apropia de su imagen y la usa, y mencionó la reflexión de la filósofa italiana Michela Marzano, sobre violencia: periodistas instrumentalizan a víctimas y las usan con un fin privado, en este caso el de comercializar noticias.
Por último, detalló que este tipo de tratamientos son fake news, son noticias falsas, no verificadas, que reflejan la falta de empatía que tienen las y los periodistas hacia la comunidad, así como la precariedad profesional y la ausencia de rigor periodístico.
Para finalizar la conferencia, el abogado Ricardo Pérez recordó el Comunicado que 74 activistas y organizaciones de la sociedad civil dirigieron el jueves a las y los jueces de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y a los jueces de Distrito en Naucalpan de Juárez, para que reconozcan la discapacidad de Jorge Alberto y le brinden un juicio justo, en igualdad de condiciones y en estricto apego a sus derechos humanos.
