La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias. Ratifica así la decisión que tomó el Senado el pasado 17 de octubre.
Con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés publico”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones.
Esta decisión histórica contribuirá a disminuir la opacidad judicial y a impulsar un sistema de justicia más abierto y confiable.
Hoy se aprobó la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas[1], que obligará a que todas las sentencias judiciales sean públicas.
Con anterioridad, el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigüedad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas[2] o ninguna de sus sentencias[3].
Esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades. Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión se ven limitados.
Por eso la publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Así, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables.
El colectivo #LoJustoEsQueSepas, que ha impulsado la causa de la transparencia judicial desde 2018, reconoce el avance en materia de transparencia y apertura de datos que implica esta reforma. Ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.
Finalmente, creemos que esta reforma debe servir como impulso a una política de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales. Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia.
Desde la ciudadanía seguiremos observando la labor del poder judicial y exigiendo una justicia en la que podamos confiar.
Contactos de medios:
- Giovanna Salazar EQUIS Justicia para las Mujeres 55 4515 9129 gsalazar@equis.org.mx
- Georgina Aldana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 55 43846672 georgina.aldana@contralacorrupcion.mx
- Cynthia Castañeda México Evalúa 55 23029582 cynthia.castaneda@mexicoevalua.org
- Juan Vázquez ARTICLE 19 México y Centroamérica 55 4588 1166 jvazquez@article19.org
[1] El colectivo está conformado por EQUIS Justicia para la Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar.
[2] Véase (In) Justicia Abierta, ránking de la opacidad judicial en México: http://bit.ly/InJusticiaAbierta
[3] Véase “Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias”: https://bit.ly/30acZFP
