Ciudad de México, 02 de julio de 2020.- Las instituciones de seguridad pública, nuestras policías, se encuentran en franco proceso de deterioro, y ninguna cumple con los mínimos requisitos de desarrollo establecidos en la ley. A los presupuestos absurdos y mal ejercidos, a las condiciones laborales abusivas, a los bajos salarios, a la ausencia de una carrera policial, y a la criminalidad rampante, se suma la indiferencia social ante el asesinato impune, en promedio, de más de un policía cada día. Del 2018 a la fecha, se han registrado, al menos, 1,389 asesinatos de policías. Resulta particularmente ominoso que algunos responsables de estas corporaciones permanezcan impávidos e inmóviles ante el asesinato de aquellos que tienen encomendada la seguridad de la ciudadanía, ellos incluidos.
Así como el asesinato cotidiano de policías simboliza trágicamente su fragilidad individual y nuestra fragilidad institucional, los abusos que algunos de ellos cometen reflejan la descomposición que define a buena parte de las corporaciones policiales. Como hemos y seguiremos reiterando, dichos abusos deben castigarse. No hay nada, absolutamente nada, que los justifique, pero también resulta evidente la hipocresía de ignorar a los caídos, de ignorar las condiciones en que se jugaron la vida, de ignorar las circunstancias en las que sobreviven, e indignarse cuando los resultados no son los que se esperan obtener por arte de magia, sin presupuestos, sin programas, sin controles, y sin condiciones mínimas de desarrollo.
Vamos para casi dos años, y el gobierno federal no ha presentado los diagnósticos, mecanismos ni objetivos verificables, componentes mínimos de cualquier estrategia de seguridad pública que vaya más allá de frases vacías. Hoy se están viviendo las consecuencias de haber insistido en un discurso indulgente con los criminales, y de haber promovido una corporación militarizada e inoperante, al tiempo que se profundiza el abandono de las policías locales. Pero dicho abandono, gravísimo en sus propios términos, tampoco va solo. En lo que parece ser una definición general para la desinstitucionalización del país, tampoco existe, y debiera existir, un proyecto para el fortalecimiento de las fiscalías, que les garantice, entre otros aspectos, autonomía técnica y presupuestal, una auténtica carrera ministerial, y servicios periciales con solidez científica e independencia técnica. Tampoco se presta la mínima atención, y debiera, a la crisis penitenciaria. Tampoco se contempla, y debiera, una política de prevención que levante la mira más allá de la entrega de un cheque.
El camino militarista que hoy se promueve a través de la Guardia Nacional, y la imparable asignación de funciones y proyectos civiles a las instituciones militares, es un abuso de la confianza y acreditación social con las que merecidamente cuentan. Es también incompatible con una república democrática que define claramente los límites políticos, funcionales y operativos de sus Fuerzas Armadas, en función de su responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional. En el caso de nuestro país, también en función de su invaluable apoyo en casos de desastres naturales. Lejos de lo que usualmente se manifiesta como crítica, el actual desborde militarista debilita a las Fuerzas Armadas, además de debilitar, en un contexto de “austeridad” inmisericorde, a las policías; y de atentar contra nuestra democracia. Peor aún, como ya debió haberse aprendido, ni siquiera desde un punto de vista estrictamente utilitario, tiene sentido enfrentar los problemas de criminalidad y violencia con despliegues militares o militarizados. Aquí, y en cualquier otro país, se resuelven con acciones eficaces de prevención, que atiendan circunstancias que favorecen la violencia, y con cuerpos de policía que, a nivel federal y local, desarrollan permanentemente capacidades de investigación e inteligencia, así como una cultura de proximidad social.
La demanda generalizada para colocar la defensa de los derechos humanos como altísima prioridad nacional, debe convertirse también en la defensa de quienes integran nuestros cuerpos de seguridad. Por lo tanto, exigimos que los gobiernos, federal y locales, se coloquen a la altura de su mandato, y promuevan las reformas que les brinden plenos derechos laborales, y facultades suficientes para recibir denuncias e investigar delitos. Exigimos también que se aboquen a mejorar sueldos y prestaciones, a brindar la capacitación necesaria, y a garantizar que nuestros policías cuenten con las condiciones materiales, de equipamiento, de infraestructura, de estabilidad laboral y de protección institucional indispensables; sí, absolutamente indispensables para que puedan realizar sus funciones y para que el resto de la ciudadanía pueda exigirles resultados. No basta con escribir funciones en un papel. Se requiere concretar los mínimos para que nuestros policías y, para el caso, cualquier servidor público, cumplan con sus encomiendas.
Las autoridades políticas del país deben asumir, de una vez y plenamente, sus responsabilidades frente al crimen, y promover el desarrollo y fortalecimiento de nuestras corporaciones civiles de seguridad. Por ello, llamamos al gobierno federal a elaborar y poner en marcha un verdadero programa nacional de desarrollo policial, mismo que sólo tendrá sentido a partir de la corresponsabilidad de todos los responsables políticos en los tres ámbitos de gobierno. Para eso existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para integrar y coordinar esfuerzos a partir de las obligaciones que por ley tienen todas nuestras autoridades. Y también para eso existe el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy inoperante, pero que tiene la responsabilidad de dar seguimiento puntual a los acuerdos del Consejo Nacional por lo que se refiere al desarrollo policial, ministerial y penitenciario.
México va muy tarde para actuar con la contundencia que requiere la emergencia de seguridad que hoy nos abruma. Si no se reconocen la crisis, si no se renuncia a los pretextos, si no se deja a un lado la simulación, y si no se actúa en consecuencia, el país continuará descendiendo por la espiral de la indefensión y la ingobernabilidad. Ojalá lo entiendan de una vez, porque ya se nos acabó el tiempo.
Atentamente:
Organizaciones
1. Agenda Cero, A.C.
2. BORDE Jurídico
3. BORDE Político
4. Causa en Común
5. CEAS México
6. Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México)
7. Colegio de Policía y Fuerza Pública Profesional
8. Colegio Nacional de Licenciados en Administración Policial AC
9. Comité Ciudadano del Estado de Colima, A.C.
10. Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur
11. Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo
12. CONAPROSEG Michoacán
13. Convivencia Joven A.C.
14. Fundación Find
15. Fundación Mexicana de Reintegración Social (Reintegra, A.C.)
16. Horizontes Creativos
17. IGAVIM Observatorio Ciudadano
18. Incuba ONG
19. Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
20. Instituto para la Seguridad y la Democracia INSYDE A.C.
21. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
22. México Evalúa
23. MUCD
24. Mujeres y Punto
25. Observatorio Ciudadano
26. Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
27. Observatorio Sonora por la Seguridad
28. Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública AC.
29. UAQ
30. UNE México
31. Unidos X la Seguridad A.C.
32. Unión Nacional de Policías
A título personal
1. Adriana Gutiérrez Pérez
2. Alberto Guerrero Baena
3. Alberto Téllez Girón
4. Alejandra Vanegas Rodríguez
5. Alejandro Espinosa
6. Alejandro Olivera Polo
7. Alejandro Sánchez Gómez
8. Alfredo Peña
9. Ana Laura Magaloni
10. Andrea Olivera Polo
11. Angélica de la Peña
12. Antonio Vázquez Herrera
13. Armando Santacruz González
14. Belém Barrera González
15. Carlos Daniel Torres Álvarez
16. Carlos Garza Falla
17. Catalina Pérez Correa
18. Ciro Mayén
19. Clara Torres
20. Claudia Polo Oteyza
21. Claudio X. González G.
22. Cynthia Patricia Aguirre Santiesteban
23. Daniel Serrano de Rejil
24. Daniel Vázquez
25. David Blanc Murguía
26. David Chong
27. David Sánchez Camacho
28. Dolores Ruiz Bracamontes
29. Doris Castillo
30. Eduardo Cano Camacho
31. Eduardo Castillo
32. Eduardo Vadillo Polo
33. Emiliano Polo Anaya
34. Emilio Regidor
35. Ernestina Polo Oteyza
36. Eynar De Los Cobos Carmona
37. Felipe Vadillo Ortega
38. Fernando Belaunzarán
39. Fernando Ramos Casas
40. Francisco De Villa
41. Gabriela Sodi
42. Gerardo Cándano Conesa
43. Grace Fernández Morán
44. Guadalupe Acosta Naranjo
45. Hannia Novell
46. Hugo Israel González García
47. Ignacio Núñez Pliego
48. Iliana Guerrero Gómez
49. Irak Vargas
50. Isidro Cisneros
51. Ivette López Sroor
52. Javier Mancera Arrigunaga
53. Jesús Zambrano Grijalva
54. Jimena Cándano Conesa
55. Jorge Javier Romero
56. Jorge Triana Tena
57. José Antonio Polo Oteyza
58. José Luis Peralta Higuera
59. José Luis Porras Armentia
60. Juan Francisco Torres Landa Ruffo
61. Juan José Hernández López
62. Juan Manuel Orozco Moreno
63. Laura Carrera
64. Leopoldo Hernández Romano
65. Leopoldo J. Hernández Elizondo
66. Lisa Sánchez
67. Lorena Polo Velasco
68. Luis Antonio García Chávez
69. Luis Daniel Vázquez
70. Luis Oliver Navarro
71. Luz Elvira Viñas Solano
72. Ma Amparo Casar
73. Maite Azuela
74. Manuel Emilio Hoyos Díaz
75. Manuel Molano Ruiz
76. Marcela Villalobos Andrade
77. Margarita García
78. María Elena Morera Mitre
79. Mayra Eternod
80. Miguel Ángel Herman
81. Miguel Ángel Regidor
82. Miguel Antonio Galán Reyes
83. Miguel Garza Flores
84. Obdulio Ávila
85. Orlando Betancourt Escalante
86. Pablo Girault Ruíz
87. Paola Lilí García Alanís
88. Paola Migoya Velázquez
89. Pilar Deziga
90. Rafael Velasco Chávez
91. Raúl Cázares
92. Raúl Rosales
93. Renata Vadillo Polo
94. Ricardo Pascoe Pierce
95. Rodolfo Basurto
96. Rodolfo Higareda
97. Sara López Cerón
98. Sonia Polo Oteyza
99. Susana Donaire
100. Tania Luna
101. Tere Vale
102. Teresa García
103. Teresa Troncoso
104. Thilo Vogt
105. Ximena Fernández Noreña
106. Yolanda Morán Isais
